El Foro de Expertos de Aviva analiza los Presupuestos Generales del Estado para 2016 en materia de Seguridad Social

Según se desprende de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 en materia de Seguridad Social, el gasto de pensiones para 2016 supone un 38,5% del total, un 2,9% más que en 2015. En ese sentido, el Foro de Expertos de Aviva concluye que “existe una elevada incertidumbre sobre la capacidad de la Seguridad Social para alcanzar el objetivo de déficit previsto en los PGE. Los riesgos provienen fundamentalmente de las previsiones de ingresos, que parecen ser bastante optimistas. Además, añade, “esta posible desviación de la Seguridad Social pone en riesgo la consecución del objetivo total de déficit establecido para 2016, especialmente si otros factores no ayudan como han venido haciéndolo hasta ahora”. Los expertos también indican que “ni los PGE ni la información suministrada a la AIReF proporcionan información suficientemente detallada para calcular con exactitud la revalorización de las pensiones para 2016 de acuerdo con la fórmula del IRP. Con ello se dificulta que la sociedad conozca adecuadamente las previsiones a corto y medio plazo sobre la salud financiera del sistema publico de pensiones”.

Asimismo, el Foro precisa que “con la información existente, e incluso suponiendo que se cumplieran las previsiones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de crecimiento de ingresos de 2015 y 2016, de acuerdo con el IRP teórico para 2016 las pensiones deberían disminuir un 0,7%, lo que justifica que se aplique el límite inferior de revaloración y que las pensiones aumenten un 0,25%. De acuerdo con el IRP teórico, la desviación más que probable de los ingresos en 2015 y 2016 requeriría una disminución mayor de las pensiones para garantizar el equilibrio del sistema”. Además, avanza que “el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (FRSS), en su función de fondo de estabilización, debe servir para suplir las desviaciones que puedan producirse mientras se toman las medidas necesarias para asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo mediante el control del gasto en pensiones”. También menciona que “estas medidas deben ser impulsadas por el Pacto de Toledo, al que corresponde realizar una reflexión global sobre la dirección que debe tomar nuestro sistema de pensiones”.

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