El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros

El pasado viernes el Gobierno aprobó el Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros privados, que traspone la directiva IDD. A partir de este momento, se inicia la fase de tramitación parlamentaria para adaptarla al ordenamiento jurídico español; la norma se implementará el próximo 1 de octubre, 8 meses después de la fecha inicialmente propuesta, el 23 de febrero. Según se indica desde el Gobierno, con esta norma se persigue “aumentar la protección de los asegurados mediante el incremento de la transparencia, evitando conflictos de intereses o diseñando productos más adecuados para el consumidor”. Un segundo objetivo que pretenden es dotar al mercado de “condiciones de competencia equitativa” para todos los operadores del sector y que sean “adecuadas y proporcionadas a los distintos tipos de canales de distribución”.

La norma establece unos requisitos adicionales para la distribución de productos de inversión basados en seguros, para evitar conflictos de interés que puedan perjudicar al cliente. Así, las compañías deben informar de todos los costes y gastos asociados, además de advertir sobre los riesgos ligados a dichos productos o a determinadas estrategias de inversión propuestas, y proporcionar una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión cuando se ofrezca asesoramiento. También se introduce el concepto de ventas vinculadas y combinadas, es decir, aquellas que ofrecen productos de seguros conjuntamente con otros servicios o productos distintos de los seguros como parte de un mismo paquete o acuerdo. El distribuidor de seguros deberá informar en este caso si los distintos componentes se pueden adquirir de forma separada, e indicar los correspondientes justificantes de costes y gastos de cada uno de ellos. También se refuerza el régimen de infracciones y sanciones, ya que se establecen procedimientos específicos para canalizar las denuncias y se aumenta la cuantía de dichas sanciones.

Por otro lado, la norma pasa a considerar como distribuidores de seguros, más allá de los mediadores tradicionales (agentes y corredores), a las entidades aseguradoras y reaseguradoras, a los mediadores de seguros complementarios -entre los que se incluyen a los participantes en el mercado que distribuyen productos de seguros con carácter accesorio-, y a los comparadores de seguros. En el caso de los operadores de bancaseguros, la entidad podrá poner su red de distribución a disposición de más de un operador. En cuanto a los requisitos para acceder a la actividad, se refuerzan los de profesionalidad y competencia de los mediadores, así como los de los empleados de aseguradoras que intervengan en la distribución de estos productos, de forma que sus conocimientos profesionales estén en consonancia con el nivel de complejidad y naturaleza de sus actividades.


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