La mitad de los españoles están dispuestos a ahorrar parte de su sueldo para complementar la pensión

Fundación Mapfre ha presentado los resultados de una encuesta realizada a nivel nacional para conocer la percepción de los ciudadanos en relación al ahorro, específicamente al destinado a la jubilación y, en general, sus expectativas sobre el modelo de pensiones en España. La encuesta revela que más de la mitad de los españoles (61%) están destinando al ahorro de forma recurrente una parte de los ingresos que reciben. Y afirman que lo hacen pensando fundamentalmente en el corto y medio plazo, con objetivos como las próximas vacaciones, el consumo de bienes, la educación de sus hijos o la vivienda. Casi la mitad de los que ahorran, están destinando a ello un 10% de los ingresos que entran en el hogar, siendo los más ahorradores los encuestados en el País Vasco, seguidos por gallegos y madrileños. Entre las razones que esgrimen las personas que no ahorran, destacan los que “prefieren disfrutar del dinero en el momento” (55% de los encuestados) y aquellos que manifiestan no tener capacidad real de ahorro (30%). En relación con el ahorro para la jubilación, solo uno de cada cuatro entrevistados reconoce estar haciéndolo para ese fin, especialmente los entrevistados de mayor edad. La mayoría de ellos tiene contratado un producto específico de pensiones (plan, seguro, etc.) 56%, o un producto bancario (32%) cuentas, depósitos, etc.

Asimismo, los resultados muestran que la mitad de los entrevistados se declaran muy preocupados por el futuro de las pensiones. De hecho, un 41% cree que no percibirá una pensión pública cuando alcancen la jubilación, a pesar que están garantizadas por el Estado. Además, la mitad de los ciudadanos (47%) si estarían dispuestos a ahorrar mensualmente para su propia jubilación, siendo mayoría los que destinarían un 5% de sus salarios a constituir una pensión complementaria. Para ello, consideran que el modelo de ahorro-previsión debería cumplir con tres condiciones: flexibilidad, poder retirar el dinero en caso de necesidad (49%); ser un sistema compartido con la empresa (29%), es decir, que el empleador también hiciese aportaciones; e impulsado mediante incentivos fiscales (17% de los entrevistados). También apuestan mayoritariamente por un sistema voluntario (53%) frente al 27% de personas que consideran que debería ser obligatorio y el 20% restante que no tiene criterio.

Por otro lado, también se ha presentado un Informe comparado sobre sistemas de pensiones elaborado por el Servicio de Estudios de Mapfre, que analiza los principales modelos de pensiones, incluyendo el español, y cómo se han ido reformando cada uno de ellos para encajar en su sostenibilidad del impacto de los movimientos demográficos y, muy especialmente, el del envejecimiento poblacional. En concreto, además del español, también se han analizado los sistemas de pensiones de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Holanda y Chile. Las tres reformas más comunes han sido retrasar la edad de jubilación, que tiene el doble efecto de incrementar los ingresos del sistema y reducir el coste ya que el jubilado cobrará menos años su pensión, aumentar los incentivos fiscales e incrementar el ahorro voluntario, especialmente entre los trabajadores. El principio general es buscar un mayor equilibrio entre los tres pilares del ahorro que intervienen en la generación de renta futura para los trabajadores: pilar 1 (las pensiones públicas, pilar 2 (el ahorro vinculado al empleo) y pilar 3 (el ahorro individual). “El sistema de pensiones que mejor reparto hace de estos pilares, en los que participa el Estado, la empresa, y el individuo, es sin duda el más efectivo”, señaló Manuel Aguilera, director del Servicio de Estudios de Mapfre. Este modelo combinado, indicó Aguilera, contribuye significativamente a que los riesgos que impactan en el sistema de pensiones sean menores.

El Informe pone de manifiesto que los actuales sistemas de pensiones se enfrentan a la necesidad de ser reformados con el fin de garantizar su sostenibilidad y estabilidad en el largo plazo. En este sentido, apunta, además, a que no solo deben corregir los problemas de financiación derivados de la materialización de riesgos demográficos, económicos y financieros, sino que, en algunos casos, deben atender también las consecuencias no deseadas derivadas de las propias medidas que se han implementado para intentar corregirlas.

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