Aemes explica las implicaciones de la reforma del Código Penal para los mediadores

Hoy ha entrado en vigor la reforma del Código Penal, a través de la Ley Orgánica 1/2015. La norma vuelve a incidir en la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, esta vez para aportar mayor claridad, según informa Aemes, que a su vez recuerda que “esta nueva reforma dispone que si el delito fuere cometido en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en su beneficio por sus representantes legales; o en el ejercicio de sus actividades incumpliendo los deberes de supervisión y vigilancia, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si ha implantado un sistema de prevención de delitos, y el quebranto normativo se ha producido violando de forma fraudulenta este sistema de vigilancia. El propio artículo 31 bis del Código Penal enumera de forma precisa las características que debe tener un sistema de prevención para que la empresa quede exonerada de responsabilidad criminal. De esta manera se da una redacción más exhaustiva al “deber de control” que aparecía en la regulación anterior”.

Además, Aemes explica que “un sistema de prevención o compliance programme es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que la empresa hace públicas de manera que sus directivos y empleados tengan conocimiento sobre la voluntad de la persona jurídica en relación a posibles actuaciones delictivas y la creación de una cultura empresarial basada en la ética profesional. Estos programas deben ajustarse a los riesgos reales que afronta la empresa en su actividad diaria y funcionar como un sistema eficaz de vigilancia a través de la vigilancia de un organismo autónomo o mediante el propio órgano de administración para empresas de reducido tamaño”.

Aemes aboga por la implantación de sistemas de cumplimiento, ya que considera que es “la mejor herramienta para dar a conocer al personal y al público en general la posición de la empresa respecto a posible conductas delictivas, y además es la manera de desvincular jurídicamente a la empresa de las actuaciones delictivas de sus directivos y empleados, concienciando a todos ellos sobre la importancia de cumplir con las exigencias éticas y normativas en el desarrollo de su profesión”.


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