Allianz advierte del riesgo al que se enfrentan los directivos debido a los nuevos escenarios de responsabilidad

Los nuevos riesgos, como los incidentes cibernéticos o las brechas en la privacidad de datos, el aumento del activismo entre los reguladores y los accionistas, y la influencia de los terceros que financian las demandas judiciales, hacen que la presión para que los líderes empresariales se vean involucrados en investigaciones, multas o enjuiciamientos sobre supuestas irregularidades, sea mayor que nunca, afirma Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

Existe una tendencia creciente a buscar medidas judiciales punitivas y personales contra los directivos por no cumplir las regulaciones y las normas, algo que podría traducirse en investigaciones, procesos penales o causas civiles caras, y que pondrían en peligro los activos de la compañía, así como los suyos propios, señala AGCS en su nuevo informe D&O Insurance Insights: Management Liability Today (Perspectiva sobre los seguros D&O: la responsabilidad de los directivos hoy en día). «Aunque el panorama judicial varía notablemente de un país a otro, el número creciente de las acciones de reguladores y accionistas se ha convertido en un fenómeno mundial al que los departamentos de gestión de riesgos deben otorgar la máxima prioridad», afirma Bernard Poncin, director internacional de Líneas Financieras de AGCS.

Según el análisis de AGCS, el incumplimiento de la legislación y la normativa ya es la principal causa de las reclamaciones de D&O en número, seguido por la negligencia, y la mala gestión o la falta de medidas de control. El valor medio de las reclamaciones de D&O por incumplimiento de obligaciones se sitúa en más de un millón de dólares (un millón de euros). Sin embargo, en los grandes casos de responsabilidad corporativa de D&O, las reclamaciones pueden valorarse en cientos de millones de dólares. AGCS observa una tendencia general a desestimar o resolver las reclamaciones de D&O de forma más lenta, lo que supone litigios más largos, mayores costes de defensa y unas expectativas de indemnizaciones más elevadas.

AGCS añade que los consejeros deberían ser conscientes de la tendencia general registrada en España hacia la exigencia de mayor responsabilidad exigida a los mismos frente a delitos no penales. Un claro ejemplo de ello es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está aumentando sus sanciones tanto para las entidades, como para los consejeros por infracciones de la ley de defensa de la competencia, tras anunciar recientemente su intención de reforzar sus facultades para exigir responsabilidad financiera personal a los ejecutivos que hayan participado en acuerdos ilícitos, así como para endurecer las sanciones impuestas a particulares. En este sentido, AGCS resalta que, aunque la ley española de defensa de la competencia limita las multas que pueden imponerse por un delito en esta materia a un máximo de 60 000 euros, hace poco la CNMC sancionó por primera vez a los directivos de varias compañías involucradas en un cártel con una multa de 128.854.152 euros.

También, con relación a los riesgos cibernéticos, José Luis Cort, director de Líneas Financieras y Responsabilidad Cibernética para AGCS España, explica que “muchos administradores solían pensar que la cibernética era un asunto informático y no un riesgo que el consejo debía tener en cuenta”. “Sin embargo, no hay forma de escapar de los riesgos cibernéticos y los administradores deben estar informados adecuadamente, si no quieren exponerse a sí mismos a riesgos adicionales”, añade.


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