El Colegio de Madrid celebra una jornada sobre el nuevo baremo

Badillo jornada baremoEl pasado 1 de enero entró en vigor el nuevo sistema de valoración de daños personales producidos en accidente de circulación. Estas novedades, que afectan a los profesionales de la mediación, reforman el mencionado sistema de valoración, que modifica la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, creando un nuevo baremo. Por ello, el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid celebró, el pasado 20 de junio en sesión de mañana y tarde, una jornada en la que se abordaron todas las novedades que incluye el nuevo baremo de automóviles.

José Antonio Badillo, delegado regional de Madrid del Consorcio de Compensación de Seguros, fue el experto encargado de ofrecer la formación a los mediadores asistentes. Según Badillo, el objetivo del nuevo baremo es conseguir que las indemnizaciones sean más acordes a la situación de la víctima, incorporando en el cálculo las circunstancias personales, familiares, laborales o profesionales de las víctimas y perjudicados. Además, se pretende compensar a la víctima para situarla en una posición lo más parecida posible a la que tendría de no haberse producido el accidente. Es necesario un informe médico, ajustado a las reglas del sistema, para determinar y medir las secuelas y las lesiones temporales. Para Badillo, la importancia de este baremo no se limita al ámbito de los accidentes de tráfico, pues, como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, el baremo es también aplicable, con carácter orientativo, a otros supuestos de daños indemnizables sufridos por las personas, como son los accidentes de trabajo y los daños sufridos por mala práxis médica.

En síntesis, según expuso el delegado regional de Madrid del Consorcio de Compensación de Seguros, las indemnizaciones por muerte se incrementan un 50% de media; por secuelas, un 35%; y por lesiones, un 12,8%. Además, se clasifica a los perjudicados en cinco categorías autónomas: cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados, cuya indemnización no depende de la existencia o inexistencia de perjudicados de otras categorías. Y considera que éstos sufren siempre un perjuicio resarcible y de la misma cuantía con independencia de que concurran o no con otras categorías de perjudicados. Asimismo, el nuevo sistema reconoce por primera vez como beneficiarios de la indemnización en caso de fallecimiento a los allegados de la víctima, teniendo por tales a las personas que hubieran convivido familiarmente con ella durante un mínimo de cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento y fueran especialmente cercanas en parentesco o afectividad. También, como daño emergente, cada perjudicado recibirá, sin necesidad de justificación, una cantidad fija de 400 euros por los gastos razonables que cause el fallecimiento.

Por otro lado, según Badillo, la nueva norma pretende clarificar y regular con detalle las medidas de resarcimiento en concepto de gastos y racionalizar el método de cálculo del lucro cesante, esto es, la pérdida de ganancia legítima por parte de la víctima. Así, en el nuevo sistema -a diferencia del anterior- la condición de perjudicado por daño extra-patrimonial es condición necesaria pero no suficiente para tener la condición de perjudicado patrimonial. También distingue entre “perjuicio patrimonial básico” o gastos razonables derivados del fallecimiento, compensados con un mínimo de 400 euros, y “gastos específicos”, que incluyen el traslado del fallecido, repatriación, entierro y funeral. Además, al contemplar nuevas estructuras familiares e individualizar la indemnización, se mejora la percepción de ésta.

En el ámbito de los perjuicios extra-patrimoniales, la nueva norma clasifica los perjudicados en accidentes de tráfico en cinco categorías autónomas: cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados. Este sistema uniforme, en el que cada perjudicado obtiene de modo autónomo la indemnización correspondiente a su categoría, se particulariza mediante el reconocimiento de un conjunto de “perjuicios particulares”, en especial los de “perjudicado único” o de “víctima única”, que se refieren a la situación personal del perjudicado o a la especial repercusión que en él tiene la situación de la víctima.

Además, el nuevo sistema revisa el baremo médico de secuelas para adaptarlo al estado actual de la ciencia. De este modo, se refuerza especialmente la reparación del gran lesionado que quede con discapacidades que requieran de apoyos intensos para su autonomía personal, indemnizando los perjuicios y los daños emergentes relacionados con las diferentes partidas de gastos asistenciales futuros. Asimismo, la indemnización de las lesiones temporales es compatible con la que proceda por secuelas o, en su caso, por muerte. Como novedad, se configura como perjuicio particular el perjuicio causado por intervenciones quirúrgicas que, en atención a las características de la operación, complejidad técnica quirúrgica y tipo de anestesia, se resarce con un importe que va de los 400 a los 1.600 euros.

En el nuevo sistema, como perjuicio patrimonial se distingue entre “gastos de asistencia sanitaria”, que son los tanto los servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, como los generados por los desplazamientos y otros “gastos diversos resarcibles”, entre los que se encuentran los gastos de desplazamientos de familiares para atenderle cuando su condición médica o situación personal así lo requiera y, en general, los necesarios para que queden atendidos él o los familiares menores de los que se ocupaba.

Con relación a la indemnización del lucro cesante, se sustituye el sistema actual por otro modelo procedente del ámbito de los seguros que determinará la indemnización correspondiente. Contempla los ingresos netos de la víctima, pero también valora el trabajo no remunerado, como las tareas del hogar o la pérdida de capacidad de trabajo futura de menores y estudiantes. Además, se introduce un coeficiente específico para cada perjudicado que combina factores diversos, como la duración del perjuicio, el riesgo de fallecimiento del perjudicado y la deducción de las pensiones públicas, entre otros.

Por último, la nueva regulación aclara que se producirá una reducción de hasta el 75% en las indemnizaciones cuando la víctima realice una falta de uso o por uso inadecuado de cinturones, casco u otros elementos protectores, incumple la normativa de seguridad y provoca la agravación del daño. En todo caso, como anteriormente, si el daño producido se debe a la “culpa exclusiva del perjudicado”, la víctima no recibirá indemnización alguna. En el supuesto de los menores de 14 años, la regla es que no se excluye ni reduce la indemnización a los menores de 14 años lesionados, ni por su propia contribución a la causa del daño, ni por la contribución de sus padres u otras personas físicas que deban responder por ellos.


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