Fundación Mutua de Propietarios presenta ‘La accesibilidad en las viviendas de España’

Sólo un 0,6% de los edificios de viviendas cumplen los criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida o discapacidad, a pesar de que en diciembre de 2017 finalizó el plazo para que las comunidades de propietarios cumpliesen con los requisitos de accesibilidad universal recogidos en el RDL de 2015. Según el estudio ‘La accesibilidad en las viviendas de España’ elaborado por Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Cátedra Unesco de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, en España existen 9,8 millones de edificios destinados a viviendas, de los que un 63% no son accesibles de la calle al portal. Además, solo el 28% de las fincas tienen rampa, que en algunos casos no es plenamente funcional. La investigación, realizada entre más de 2.000 viviendas, desvela que el 14% de los edificios no posee portero automático y, de los que lo tienen, el 68% no es accesible para una persona en silla de ruedas. Asimismo, en las viviendas que tienen telefonillo, únicamente el 29% es videoportero, dando un resultado de un escaso 9% de accesibilidad universal en este punto.

“Se han evidenciado importantes carencias que impiden alcanzar una sociedad más igualitaria y justa en cuanto al acceso físico a la vivienda se refiere”, señala el presidente de la Fundación Mutua de Propietarios, Miquel Perdiguer. En este punto, el informe señala que el 70% de los encuestados desconocen la norma (art. 10.1 Ley de Propiedad Horizontal) que permite a los propietarios mayores de 70 años o con discapacidad forzar adaptaciones de accesibilidad universal hasta un determinado importe, sin la necesidad del consentimiento de la comunidad de propietarios.

Por su parte, Sergio Nasarre, de la Cátedra Unesco de Vivienda de la URV, apunta “que la realización de las oportunas reformas es responsabilidad y deben ser asumidas por la comunidad de propietarios si se refieren a elementos comunes del edificio, siempre que lo solicite un propietario en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad o mayores de 70 años, siempre que sean razonables y que el gasto no supere las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, dado que hoy por hoy todos los edificios deberían ya cumplir con las condiciones básicas de accesibilidad”. No obstante, Nasarre apunta a que “el problema es un parque de viviendas envejecido y cómo ha afectado la crisis a la solvencia económica de las comunidades de propietarios que en su mayoría arrastran problemas de morosidad”, e incide en que “son necesarias más ayudas públicas para aumentar la accesibilidad de las comunidades”.

Asimismo, alrededor del 25% de los encuestados encuentra dificultades al abrir el portal de acceso al edificio y un 39% ha indicado que la puerta no se sujeta sola o se cierra demasiado rápido. Por este motivo, la accesibilidad de la puerta de entrada al edificio desciende al 44%. La investigación señala también que un 22% de los edificios carece de ascensor, importante indicador de falta de accesibilidad universal. Además, solo el 7% de los ascensores son universalmente accesibles. Asimismo, únicamente el 18% de los garajes son plenamente accesibles y un 50% de los entrevistados considera que las plazas de aparcamiento no son adecuadas para una persona con movilidad reducida. Además, las personas con necesidades especiales de accesibilidad no pueden tampoco disfrutar plenamente de áreas como la piscina o los jardines, dado que solo se consideran accesibles el 54% de las zonas comunes.


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