La sanidad privada no quiere ser excluida de la Comisión de Reconstrucción

La patronal ASPE ha protestado por haber quedado fuera a pesar de emplear a más de 266.000 personas y representar el 3,4% del Producto Interior Bruto (PIB).

Desde ASPE se destaca que las aseguradoras de sanidad privada, así como sus recursos materiales y humanos, han contribuido como parte del Sistema Nacional de Salud a luchar contra la crisis sanitaria, con más de 25.000 pacientes ingresados en centros privados. En Madrid y Barcelona, incluso han levantado hospitales de campaña.

Estas acciones han obligado a cancelar consultas a sus clientes o a sustituirlas por videoconsultas, así como a asumir costes derivados de nuevas contrataciones o adquisición de equipos y materiales técnicos y de protección.

Por todo ello, el sector considera “fundamental” su participación en la Comisión de Reconstrucción, máxime cuando debe colaborar para preparar al país y a la población ante un posible rebrote de contagios en otoño. “La sanidad privada asume una contingencia de enorme calado ante el riesgo de que las Autoridades no reconozcan su participación y ayuden en el sustento económico de los centros”, asegura Carlos Rus, presidente de ASPE. Se calcula que algunas compañías han perdido un 85% de su facturación durante las semanas de confinamiento total.

En este sentido, ASPE solicita que parte de los 10.000 millones de euros que destinará el Gobierno a cubrir el gasto sanitario extraordinario de las Comunidades Autónomas sirva para compensar los desembolsos que también ha hecho el sector privado. “No entendemos que miles de empresas y cientos de miles de empleados deban pagar un castigo inmerecido cuando, de facto, han dado un servicio público”, asegura Rus.

El sector privado también clama por proteger a los médicos autónomos, muchos de los cuales podrían verse obligados a cerrar sus consultas por la caída de la facturación derivada de una menor asistencia de pacientes a las mismas.

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