Las empresas buscan protección legal ante el repunte de la morosidad

El repunte de la morosidad durante los últimos meses preocupa a las empresas, según refleja el informe del análisis del comportamiento de los pagos empresariales de 2019 de Informa, que establece que el 55% de las empresas han tenido un impago en los últimos 12 meses. Según el estudio, en el cuarto trimestre de 2018, el Plazo Medio de Pago (PMP) alcanzó los 88,16 días y la proporción de pagos puntuales retrocedió, siendo ahora inferior al 50%, algo que no ocurría desde finales de 2016. Por ello, los expertos de DAS Seguros recomiendan tomar las medidas necesarias para prevenir el impago como, por ejemplo, “analizar la solvencia de la empresa que vamos a contratar, solicitar un pago por adelantado o solicitar garantías”.

Asimismo, los expertos de DAS Seguros recuerdan que, si no se pacta un plazo de pago específico para pagar una factura, este será de 30 días naturales (contando sábados, domingos y festivos), además, este plazo podrá ser ampliado por acuerdo, pero no podrá ser superior a 60 días. Por lo tanto, si transcurre el plazo para pagar y la factura sigue pendiente se tratará de un supuesto de impago. Pero, antes de iniciar una reclamación, desde DAS Seguros recomiendan asegurase de que realmente existe el impago y, además, confirmar el importe que se debe. Una vez hecho esto, los expertos de DAS Seguros recomiendan llegar a un acuerdo de pago por escrito y firmado por ambas partes, aplazando la deuda o, incluso, reduciendo su importe si se paga rápido. En el caso en que llegue el plazo que se haya pactado para pagar y la factura siga estando pendiente de pago, desde DAS Seguros se explica que se puede enviar un burofax con acuse de recibo y certificación de contenido, por el que se reclama de forma amistosa la deuda. En ese sentido, los expertos de DAS Seguros recuerdan que en el caso de una factura impagada se tienen cinco años para reclamar el pago desde la emisión.

Por último, en el caso de que no se logre el cobro por vía amistosa y siempre que el deudor sea solvente y la deuda esté bien documentada, se recomienda hablar con un abogado y así asesorarse sobre la posibilidad de presentar una demanda judicial para reclamar la deuda a través del procedimiento monitorio.

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