Willis Towers Watsons ofrece las claves para dotar de suficiencia y sostenibilidad el sistema español de pensiones

Ante la situación actual del sistema de pensiones español y las últimas medidas puestas en marcha por la Administración durante los últimos 6 meses, los expertos del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson y el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y Extremadura proponen una serie de mediadas para dotar de seuficiencia y sostenibilidad el sistema español de pensiones.

Así, los expertos solicitan mantener el Índice de Revalorización de las Pensiones como indicador de referencia y luego establecer límites mínimos y máximos en su aplicación que estén vinculados al IPC, por ejemplo, un intervalo IPC más/menos un diferencial. También, en caso de abandonar totalmente el IRP, modular el IPC teniendo en cuenta variables últimas del sistema de pensiones, como ingresos y gastos contributivos, mejor que variables intermedias como número de cotizantes, número de pensionistas, o variables macroeconómicas como el crecimiento del PIB. Asimismo, para la toma de decisiones es mejor atender siempre al déficit de fondo, el contributivo, y no al déficit aparente, por operaciones no financieras. Del mismo modo, solicitan el endurecimiento de las condiciones para el acceso a la jubilación parcial que, además de suponer un coste medio de 2.439 millones de euros anuales, es un elemento de inequidad, ya que beneficia mayoritariamente a individuos con salarios altos y vidas laborales completas. Y, por último, además de retrasar la edad efectiva de jubilación, retrasar también la edad legal, y acompañar este incremento con medidas complementarias, (como podría ser el incremento de los ingresos sin un aumento importante del tipo de cotización. El ahorro de retrasar 1 año la edad efectiva de jubilación sería del 0,9% del gasto en pensiones contributivas de jubilación, es decir, 691 millones de euros anuales equivalentes a un 0,06% del PIB actual. Si, además, se añadiera el retraso de 1 año en la edad legal de jubilación se obtendría un ahorro de un 0,29% del PIB.


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